Recortes de mercado en los servicios públicos: educación y sanidad como objetivo.

Mientras asistimos con estupor al agujero fiscal del Estado y las autonomías por una desastrosa gestión fiscal, vamos conociendo la parte más fea y ominosa de la reducción del déficit que se centra en la privatización y en los servicios públicos de los que no se salva ni Educación ni Sanidad públicas (con gestión y personal público). No es lícito enviar al paro, engordando la lista del desempleo, a empleados/as de la administración y personal que trabajaba en las empresas públicas, para luego en el periodo electoral intentar convencer a la población de que se van a crear empleos en números imaginarios. Recortar, despidiendo personal no es una reducción de gastos ni una mayor efectividad, es profundizar en la crisis enviando fuera del sistema empleos que tributan y consumen generando riqueza y contribuyendo a salir de la crisis.

El proceso de privatización, que desde 2000 en España ha afectado a un total de 117 empresas públicas, no ha resultado mejorar la eficiencia, ni la liquidación de monopolios, ni una mejor gestión. Lo demuestran variables recogidas como el nivel de inversión reducido en un 30%, crecimiento del endeudamiento en un 38 % y reducción de plantillas en un 39% con un nivel de ventas del 45% de media según el organismo SEPI e informes del INI.

Con la argumentación falsa de que se gasta demasiado en Sanidad, esgrimida por ejemplo por la Generalitat de Catalunya, se recortan 77 millones de euros con el objetivo de reducir el 10% de inversión en Sanidad pública. Bajo el argumento de que se gasta muy por encima de lo que la economía del país permite, se están reduciendo las inversiones en un de los pilares del bienestar. España es uno de los países de la UE-15 donde se invierte menos por habitante en sanidad pública. La cantidad estatal es de 1.673 euros estandarizados y en Catalunya de 1.677 euros, mucho menos en conjunto que el promedio de la UE-15 (2.103 euros). El sector sanitario en España y en Catalunya está poco financiado y desarrollado. Sólo el 4,1% de la población adulta trabaja en el sector sanitario en España, uno de los más bajos de la UE-15 (6,6%). Un argumento repetido que utilizan los que favorecen la privatización de la Sanidad es precisamente alabar la existencia del sector privado y exigir desgravaciones para el mismo. El conjunto estatal tiene la inversión en sector público sanitario per cápita situado en el 79,5% del promedio del UE-15. Si fuera el 94%, como lo es su PIB, se dedicarían 13.700 millones de euros más en Sanidad. ¿Están justificados los recortes sanitarios?.

Afirmar que la educación en el Estado español y en las Comunidades Autónomas ha de seguir mejorando, no sería descubrir nada nuevo. Sin embargo varias comunidades autónomas han empezado a abrir el indeseable melón de los recortes educativos, justo cuando aumentan los alumnos y se avanza en la lucha contra el abandono y fracaso escolar de la mano de la Escuela Pública. Tanto las estadísticas de gasto del PIB, como los informes de la OCDE, como la percepción de la sociedad corroboran la necesidad de avances y no de retrocesos ni por la vía de las inversiones ni por el camino de los recortes de personal. En dos años ha bajado la inversión en 1,5 % y el número de alumnos ha aumentado en 320.000 (es decir un 4.2% alcanzando 7,9 millones en total). Si una de las causas del 46% del paro juvenil está relacionada directamente con la escasa formación y el abandono escolar, ¿están justificados los recortes educativos?. España invierte tan solo el 4,6 del PIB en Educación y ello indica que estamos por detrás de la media de la OCDE que invierte el 5,4 del PIB. Nos superan países como Portugal (4,9 %), grupo UE 21 y Reino Unido con 5,4 %, Irlanda 5,7%, Finlandia 6,1 %, Suecia 6,8% y Noruega con un 9%. Alternativas escalofriantes como la reducción de inversión eliminando personal o incrementando complementos retributivos ligados al porcentajes de aprobados, no son medidas positivas para la mejora de la Escuela Pública con gestión y personal público.

A la falta de inversión y el vaivén legislativo en materia educativa cada vez que cambia el color político de La Moncloa, se suma que en el sistema educativo se incrementa la educación privada, particularmente en el ámbito urbano. La privatización es la regulación normativa de la denominada “doble vía” (pública-concertada), amparada tanto por los gobiernos del PSOE como del PP y justificada por la libre elección de enseñanza. En la última Ley educativa vigente (LOE) promovida por el PSOE se sigue definiendo el servicio público de la educación cómo el desarrollado tanto por entes públicos como por iniciativas privadas. Ésta es la base de la privatización gradual de la enseñanza pública en España, que también se hallaba recogida en el fallido “Pacto Educativo” acometido por el Ministro Gabilondo. Variadas fórmulas de privatización tenemos en los “conciertos” de tramos de educación no obligatoria, como la de 0-3 años, que demuestra el abandonar una red pública que podía asumir la tarea. Por otro lado, la construcción de centros públicos, pero de gestión privada como en el caso de varios Hospitales de la Comunidad de Madrid son otro ejemplo. Aguirre quiere ahorrarse 80 millones de euros despidiendo a profesores interinos, pero ha aprobado subvenciones fiscales de 90 millones de euros para la escuela privada y ayudas a sus actividades extra-escolares aprobadas mediante instrucción del 29 de agosto. El final del curso pasado tuvo importantes movilizaciones ante la privatización de la escuela, especialmente en Catalunya, Madrid y Andalucía. Procesos de privatización muy similares se producen en comunidades como Valencia o Murcia, gobernados con mayoría absoluta del Partido Popular. En Madrid la supresión de los Centros de Orientación Pedagógica y sustitución por el trabajo individual en varios centros, supuso el final de un trabajo en grupo con buenos resultados. En Catalunya en iguales términos, la provisión de direcciones y puestos de trabajo por libre designación y modelos de gestión privada para los centros públicos. Por tanto nos encontramos ante transformación de la escuela pública en algo subsidiario, que quedaría para la parte de la “parte no rentable” y con población gravemente desfavorecida. Proceso al que contribuye la selección de alumnos/as por resultados donde los centros concertados buscan alumnado no conflictivo sin deficiencias educativas para obtener resultados más elevados. En Andalucía gobernada por el PSOE además, del complemento por resultados se pretende examinar a los centros; su objetivo, conseguir un ranking de centros que segregará enormemente a alumnado en virtud de la elección de centro. En diferentes comunidades autónomas la formación del profesorado ha comenzado a desintegrarse tomando fórmulas como la reagrupación de centros (Castilla y León y Andalucía), suspendiendo licencias por estudios (Valencia) y ayudas (Castilla y León) o directamente con el cierre de centros de formación como en Madrid (23 cierres de 28). La formación permanente, como derecho de mejora de la cualificación de los propios profesionales y como inversión en el propio sistema educativo se está desmontando a favor de la idea de gasto o de obligación para obtener contrapartidas salariales o de destino.

El presente curso escolar se ha puesto en marcha en medio de un clima de tensión a través de una campaña de desprestigio del profesorado precisamente por aquellos que pretendían dar autoridad a los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza con una suerte de “uniforme policial legal”. Los argumentos falaces que se ha vertido ha sido variopintos: desde el “profesorado solo trabaja 20 horas”, hasta “trabaja menos que en Europa y tiene menos alumnos”, “los profesores son un gremio privilegiado”, la sempiterna comparación de resultados entre la enseñanza privada concertada y la pública, etc. Este espectáculo de confusión contribuye de forma notable, a que la enseñanza pública con profesorado público que constituye el pilar fundamental sobre el que se ha de sustentar cualquier sociedad democrática e igualitaria, sea injustamente atacada y vapuleada en el momento más esencial para preservarla. Donde es más necesario que nunca decir alto y claro: LA ENSEÑANZA PÚBLICA NO ES GASTO ¡ES INVERSIÓN!.

Hay que señalar que el horario del profesorado oscila entre 35 horas semanales en algunas CCAA hasta 37,5 en otras. Lo cual no abarca sólo de las 17 a 20 horas lectivas (docencia directa) sino las horas de preparación de clases, corrección de exámenes y ejercicios, las de reuniones de departamento y de tutores, las de evaluaciones, claustros y atención a padres, las guardias, bibliotecas (complementarias y de libre disposición). Lo cierto es que ese horario se extiende como consecuencia de que la tarea de los profesores aparece difuminada en las diferentes legislaciones, diluyendo su capacidad profesional. Cualquier medida de ajuste en la plantilla del profesorado supone la supresión de refuerzos, desdobles, de orientadores y de profesores de compensatoria, lo que perjudicará a la atención que reciben los que tienen altas capacidades y los que no las tienen o tienen deficiencias. El objetivo de la clase política y mediática ha sido estar los primeros de un ranking (PISA) sin saber realmente su objetivo ni los medios para alcanzarlo. Pues bien, si acudimos al informe de la OCDE, Panorama de la Educación 2011, observamos que en contra de lo que tanto se ha comentado, los/as profesores/as españoles/as imparten más horas en Primaria (126 más que OCDE y 129 más que UE 21) y en Secundaria (148 más que OCDE y 153 más que UE 21). Sobre el asunto de las ratios, el citado informe nos sitúa con peor ratio que Italia, Portugal, Noruega y Suecia en Primaria. Igualmente en Secundaria nos alejamos con ratios más elevada de Noruega, Portugal y son similares con el grupo UE 21. Por tanto los recortes nos devolverían a situaciones mas atrasadas como las de de Brasil o México. Cuando se habla del funcionario docente como un ser privilegiado por sueldo y estabilidad laboral, hay que saber cuales son los términos que emplean. El informe OCDE Panorama de la Educación 2011 eleva el sueldo inicial de un maestro/a en 35.907 euros lo cual es sorprendente pues el calculo se hace en base a retribuciones medias en 30 años en todas las CCAA. El salario es bruto y además no se tienen en cuenta las deducciones por cotizaciones ni aportaciones a Muface. ¿Cómo se pueden, por parte de Panorama de la Educación 2011, anunciar unos salarios iniciales tan desorbitados cuando en realidad se hacen sobre el calculo del salario bruto medio de 30 años?¿ De que manera se pueden publicar unas estadísticas medias de toda España por el mismo informe teniendo en cuenta unos resultados, que si se algo se aproximan de lejos es a País Vasco con menor profesorado y menor peso demográfico y en superficie (4, 64% y 1,4 % del Estado)? ¿Se olvida por parte de Panorama de la Educación 2011, de las tres comunidades más extensas, con mayor peso geográfico y demográfico, y con mayor profesorado (Castilla y León, Andalucía y Castilla La Mancha)? Entre las tres Comunidades más extensas y con mayor profesorado con más del 52 % de superficie y 29% de población. Estos datos corroboran un sesgo interesado en la estadística salarial declarada en el Panorama de la Educación 2011. Indicadores de la OCDE. No sería deseable, que por organismos internacionales se extrajera falsamente que si el profesorado trabaja más horas y el nivel de “éxito educativo “ no es extraordinario (lo cual es muy discutible), haya que recortar aún más profesores. Entonces serían unas estadísticas interesadas en defender los recortes educativos. La consabida estabilidad laboral estatutaria, exige un duro proceso de selección para acceder a un puesto al que libremente se puede acceder después de obtener un título universitario y tras largos años de presentarse a unas oposiciones alcanzando una buena (o excelente) calificación y conseguir así una plaza entre miles de opositores.

Oposiciones, que se han reducido como consecuencia del recorte en las ofertas de empleo público, que han supuesto el límite a la tasa de reposición por jubilaciones, cuando no la congelación. Ha sido esa la vía para aumentar la inestabilidad y vulnerabilidad, que ha dejado en el paro entre 8.200 y 15.000 interinos/as en un ataque sin precedentes a la escuela pública con el objetivo de que sea subsidiaria de la escuela privada-concertada. Las plantillas de los colegios e institutos públicos en varias comunidades autónomas españolas se han reducido entre un 5 y un 10 por ciento. La situación es más grave si tenemos en cuenta que la agresión se produce exclusivamente contra la Educación Pública, con acciones que intentan desprestigiar y deprimir la calidad del sistema público. El 11 de octubre la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado: “Este camino además puede poner en peligro la exigencia constitucional de igualdad de derechos y obligaciones “en cualquier parte del territorio del Estado” que establece el artículo 139 de la CE. Y, en un plano más concreto, la previsible fractura de la tendencia al descenso de las tasas de abandono y fracaso escolar registrada en los dos últimos años”.

Tenemos en general que el profesorado entre 40 y 59 años en un 73% y el profesorado de 60 años supone un 10%. Es un cuerpo envejecido porque la oferta pública de empleo es reducida. Viene marcada por la tasa de reposición que se negocia cada año. La Ley Orgánica de Educación (LOE). La norma establece el compromiso por parte de las autonomías de bajar la tasa de interinidad en la docencia por debajo del 8%. Estamos en 11%. Hay que precisar que el acceso a la función docente en cada cuerpo es por convocatoria suele ser bianual en muchos casos. Es decir que el número de efectivos a reponer por jubilación si se reponen cada dos años es mayor que en convocatorias anuales. La limitación por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de las ofertas de empleo y oposiciones al 30% de la tasa de reposición de efectivos ha facilitado los despidos.

Los que aseveran que la educación pública resulta más costosa olvidan de forma intencionada matizar, que en los lugares más inaccesibles del país, con poca población y con necesidad de transporte público, nunca encontraremos ningún centro privado o concertado. Tampoco mencionan el hecho de que la enseñanza pública acoge a todo tipo de alumnado de variedad capacidades, sin ningún tipo de selección o criba, como ocurre en otras instituciones educativas. Los recortes en enseñanza pública tienen poco de económico y mucho de ideológico al servicio de los mercados financieros y del neoliberalismo, con la connivencia de la política estatal y autonómica, proclamada y defendida por la derecha política y económica en este país. Es necesaria una fuerte resistencia movilizadora conjunta frente a esta amenaza contra el justo equilibro social y democrático, que necesita del apoyo de los trabajadores y trabajadoras, de los padres y madres, de las diferentes organizaciones sociales ciudadanas y de la sociedad en su conjunto.