Un paraíso fiscal para los sectores más favorecidos.

Mientras se observa que las medidas para atajar las crisis se están concentrando únicamente en los ajustes y recortes, hay una enorme dejación de funciones por parte de las diferentes administraciones en materia fiscal progresiva, constituyendo el conjunto del Estado y las Autonomías en verdaderos paraísos fiscales sobre todo para las entidades financieras y para las rentas más altas.

Es indudable que se ha aumentado todavía más la regresividad del sistema fiscal español, uno de los más regresivos existentes hoy en la Unión Europea. Los niveles nominales de gravamen aparentan progresividad pero, en la práctica (consecuencia de deducciones, ventajas fiscales y fraude fiscal) los niveles reales son enormemente regresivos. Mientras que la mayoría de la población trabajadora (a la cual se le paga en nómina) paga impuestos en IRPF en porcentajes similares a la UE-15, la gran empresa (que paga mucho menos –en términos proporcionales- que la mediana y pequeña empresa), la banca y las rentas superiores pagan impuestos en porcentajes (que derivan de sus rentas del capital) mucho menores(sus niveles de fiscalidad reales son del 10% al 17%) a los que se tributan en el promedio de la UE-15.

España es uno de los países con más dinero negro de la UE según las últimas informaciones aparecidas en prensa y desveladas por los inspectores de Hacienda, ya que la economía sumergida supone más de 260.000 millones de euros. La presión fiscal a las rentas más altas se ha sumergido con la crisis, pero incluso en los mejores años estaba muy por debajo de la media de la UE(40,4% según Eurostat). En España, la tendencia nociva de no subir los impuestos para los más ricos, se ha consolidado, en un proceso que se inició con Aznar y que después continuó Zapatero. Hace 20 años, el marginal máximo del IRPF –el tipo para las rentas más altas– era del 65%. Ahora es del 27,4%. ¿Hay tiempo para reformar la Constitución en dos semanas pero es materialmente imposible aumentar los impuestos para las más rentas más altas?

Los trabajadores y pensionistas declaran anualmente a la Hacienda Pública una media de 8.300 euros más que los pequeños empresarios y profesionales liberales. Los asalariados y pensionistas declararon el pasado año 19.359 euros de media, un 43% más que lo declarado por los pequeños empresarios y los profesionales liberales que obtuvieron unos rendimientos medios de 11.036 euros. No es creíble que durante los últimos 16 años, un empleado o pensionista gane de media más que un pequeño empresario, notario, arquitecto, médico o abogado por citar profesiones liberales bien remuneradas. Esta brecha fiscal entre los ingresos declarados por trabajadores y empresarios evidencia que el “componente estructural” del fraude fiscal tiene mucho mayor peso que el componente coyuntural de la crisis económica. La Agencia Tributaria del Estado está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal con una estrategia de actuación claramente equivocada, centrada en el control de las rentas del trabajo y de los autónomos en lugar de inspeccionar las bolsas de fraude que representan las grandes fortunas y las empresas de gran tamaño, principales responsables de la evasión fiscal en nuestro país. La mayoría (el 71%) del fraude en España viene de las grandes fortunas, las grandes empresas y la banca. Si se eliminara tal fraude, el Estado recogería 44.000 millones de euros. Los impuestos sobre beneficios empresarialesascienden al 30% para las grandes empresas y 25% para las medianas y pequeñas. Gracias a de una enorme cantidad de deducciones y ventajes fiscales, el nivel real baja de 30% a un 19,5%. Pero los porcentajes reales que pagan los ricos (sólo pagaron en impuestos el 9,9% de sus beneficios en el año 2010) sin duda son inferiores porque son muy pocas las grandes fortunas que tributan sus ingresos a través de la declaración de la renta o IRPF, pues pueden optar por tributar a través de sociedades. La mayoría utiliza estas sociedades patrimonialeso, si son aún más ricos, las SICAV (1%) o los paraísos fiscales, donde los impuestos son todavía más bajos o directamente no existen. Las rentas del trabajo (asalariados) tributan en tramos que van desde el 37 al 49%, pero las rentas del capital (dividendos y beneficios) tributan al 19-21%. El caso más grave es el de las Sociedades de Inversión (SICAV), que sirve como instrumento para diferir o evadir impuestos, ya que solo se paga tributo( 19-21%)cuando se venden los títulos de la sociedad. Si posteriormente esos beneficios se colocan en deuda soberana (intereses 4-5%) por unos días, llamados “repos”, productos ofrecidos por bancos y bien remunerados que además no tienen retención previa (fiscalidad especial), la plusvalía no tributará hasta la siguiente declaración (diferir tributación).

Articulando un plan eficaz de prevención del fraude, “la Agencia Tributaria podría reducir en diez puntos la bolsa de economía sumergida en España, es decir una recaudación adicional de 38.500 millones de euros anuales con los que estabilizar las cuentas públicas sin recurrir a drásticas medidas de recorte del estado del bienestar”, según técnicos de Hacienda (GESTHA). Otras informaciones aparecidas en prensa en el último mes indican que se podrían recaudar hasta 44.000 millones de euros recuperando los agujeros fiscales por dejación de funciones. En diferentes informaciones conocidas, de fuentes tan dispares como técnicos de la AET o diferentes economistas cifran en 12.152 millones de euros la recaudación anual por la recuperación o creación de impuestos como Patrimonio, Sociedades, grandes Rentas de Inversión, Sucesiones, Turismo eventual y Tasas Ecológicas. Recordemos que el hachazo a la inversión en la escuela pública de Madrid enviando al paro a más de 3000 profesores/as asciende a 80 millones de euros, o los injustos recortes sanitarios en la Generalitat catalana.