17 oct. 2011

Recortes de mercado en los servicios públicos: educación y sanidad como objetivo.

Mientras asistimos con estupor al agujero fiscal del Estado y las autonomías por una desastrosa gestión fiscal, vamos conociendo la parte más fea y ominosa de la reducción del déficit que se centra en la privatización y en los servicios públicos de los que no se salva ni Educación ni Sanidad públicas (con gestión y personal público). No es lícito enviar al paro, engordando la lista del desempleo, a empleados/as de la administración y personal que trabajaba en las empresas públicas, para luego en el periodo electoral intentar convencer a la población de que se van a crear empleos en números imaginarios. Recortar, despidiendo personal no es una reducción de gastos ni una mayor efectividad, es profundizar en la crisis enviando fuera del sistema empleos que tributan y consumen generando riqueza y contribuyendo a salir de la crisis.

El proceso de privatización, que desde 2000 en España ha afectado a un total de 117 empresas públicas, no ha resultado mejorar la eficiencia, ni la liquidación de monopolios, ni una mejor gestión. Lo demuestran variables recogidas como el nivel de inversión reducido en un 30%, crecimiento del endeudamiento en un 38 % y reducción de plantillas en un 39% con un nivel de ventas del 45% de media según el organismo SEPI e informes del INI.

Con la argumentación falsa de que se gasta demasiado en Sanidad, esgrimida por ejemplo por la Generalitat de Catalunya, se recortan 77 millones de euros con el objetivo de reducir el 10% de inversión en Sanidad pública. Bajo el argumento de que se gasta muy por encima de lo que la economía del país permite, se están reduciendo las inversiones en un de los pilares del bienestar. España es uno de los países de la UE-15 donde se invierte menos por habitante en sanidad pública. La cantidad estatal es de 1.673 euros estandarizados y en Catalunya de 1.677 euros, mucho menos en conjunto que el promedio de la UE-15 (2.103 euros). El sector sanitario en España y en Catalunya está poco financiado y desarrollado. Sólo el 4,1% de la población adulta trabaja en el sector sanitario en España, uno de los más bajos de la UE-15 (6,6%). Un argumento repetido que utilizan los que favorecen la privatización de la Sanidad es precisamente alabar la existencia del sector privado y exigir desgravaciones para el mismo. El conjunto estatal tiene la inversión en sector público sanitario per cápita situado en el 79,5% del promedio del UE-15. Si fuera el 94%, como lo es su PIB, se dedicarían 13.700 millones de euros más en Sanidad. ¿Están justificados los recortes sanitarios?.

Afirmar que la educación en el Estado español y en las Comunidades Autónomas ha de seguir mejorando, no sería descubrir nada nuevo. Sin embargo varias comunidades autónomas han empezado a abrir el indeseable melón de los recortes educativos, justo cuando aumentan los alumnos y se avanza en la lucha contra el abandono y fracaso escolar de la mano de la Escuela Pública. Tanto las estadísticas de gasto del PIB, como los informes de la OCDE, como la percepción de la sociedad corroboran la necesidad de avances y no de retrocesos ni por la vía de las inversiones ni por el camino de los recortes de personal. En dos años ha bajado la inversión en 1,5 % y el número de alumnos ha aumentado en 320.000 (es decir un 4.2% alcanzando 7,9 millones en total). Si una de las causas del 46% del paro juvenil está relacionada directamente con la escasa formación y el abandono escolar, ¿están justificados los recortes educativos?. España invierte tan solo el 4,6 del PIB en Educación y ello indica que estamos por detrás de la media de la OCDE que invierte el 5,4 del PIB. Nos superan países como Portugal (4,9 %), grupo UE 21 y Reino Unido con 5,4 %, Irlanda 5,7%, Finlandia 6,1 %, Suecia 6,8% y Noruega con un 9%. Alternativas escalofriantes como la reducción de inversión eliminando personal o incrementando complementos retributivos ligados al porcentajes de aprobados, no son medidas positivas para la mejora de la Escuela Pública con gestión y personal público.

A la falta de inversión y el vaivén legislativo en materia educativa cada vez que cambia el color político de La Moncloa, se suma que en el sistema educativo se incrementa la educación privada, particularmente en el ámbito urbano. La privatización es la regulación normativa de la denominada “doble vía” (pública-concertada), amparada tanto por los gobiernos del PSOE como del PP y justificada por la libre elección de enseñanza. En la última Ley educativa vigente (LOE) promovida por el PSOE se sigue definiendo el servicio público de la educación cómo el desarrollado tanto por entes públicos como por iniciativas privadas. Ésta es la base de la privatización gradual de la enseñanza pública en España, que también se hallaba recogida en el fallido “Pacto Educativo” acometido por el Ministro Gabilondo. Variadas fórmulas de privatización tenemos en los “conciertos” de tramos de educación no obligatoria, como la de 0-3 años, que demuestra el abandonar una red pública que podía asumir la tarea. Por otro lado, la construcción de centros públicos, pero de gestión privada como en el caso de varios Hospitales de la Comunidad de Madrid son otro ejemplo. Aguirre quiere ahorrarse 80 millones de euros despidiendo a profesores interinos, pero ha aprobado subvenciones fiscales de 90 millones de euros para la escuela privada y ayudas a sus actividades extra-escolares aprobadas mediante instrucción del 29 de agosto. El final del curso pasado tuvo importantes movilizaciones ante la privatización de la escuela, especialmente en Catalunya, Madrid y Andalucía. Procesos de privatización muy similares se producen en comunidades como Valencia o Murcia, gobernados con mayoría absoluta del Partido Popular. En Madrid la supresión de los Centros de Orientación Pedagógica y sustitución por el trabajo individual en varios centros, supuso el final de un trabajo en grupo con buenos resultados. En Catalunya en iguales términos, la provisión de direcciones y puestos de trabajo por libre designación y modelos de gestión privada para los centros públicos. Por tanto nos encontramos ante transformación de la escuela pública en algo subsidiario, que quedaría para la parte de la “parte no rentable” y con población gravemente desfavorecida. Proceso al que contribuye la selección de alumnos/as por resultados donde los centros concertados buscan alumnado no conflictivo sin deficiencias educativas para obtener resultados más elevados. En Andalucía gobernada por el PSOE además, del complemento por resultados se pretende examinar a los centros; su objetivo, conseguir un ranking de centros que segregará enormemente a alumnado en virtud de la elección de centro. En diferentes comunidades autónomas la formación del profesorado ha comenzado a desintegrarse tomando fórmulas como la reagrupación de centros (Castilla y León y Andalucía), suspendiendo licencias por estudios (Valencia) y ayudas (Castilla y León) o directamente con el cierre de centros de formación como en Madrid (23 cierres de 28). La formación permanente, como derecho de mejora de la cualificación de los propios profesionales y como inversión en el propio sistema educativo se está desmontando a favor de la idea de gasto o de obligación para obtener contrapartidas salariales o de destino.

El presente curso escolar se ha puesto en marcha en medio de un clima de tensión a través de una campaña de desprestigio del profesorado precisamente por aquellos que pretendían dar autoridad a los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza con una suerte de “uniforme policial legal”. Los argumentos falaces que se ha vertido ha sido variopintos: desde el “profesorado solo trabaja 20 horas”, hasta “trabaja menos que en Europa y tiene menos alumnos”, “los profesores son un gremio privilegiado”, la sempiterna comparación de resultados entre la enseñanza privada concertada y la pública, etc. Este espectáculo de confusión contribuye de forma notable, a que la enseñanza pública con profesorado público que constituye el pilar fundamental sobre el que se ha de sustentar cualquier sociedad democrática e igualitaria, sea injustamente atacada y vapuleada en el momento más esencial para preservarla. Donde es más necesario que nunca decir alto y claro: LA ENSEÑANZA PÚBLICA NO ES GASTO ¡ES INVERSIÓN!.

Hay que señalar que el horario del profesorado oscila entre 35 horas semanales en algunas CCAA hasta 37,5 en otras. Lo cual no abarca sólo de las 17 a 20 horas lectivas (docencia directa) sino las horas de preparación de clases, corrección de exámenes y ejercicios, las de reuniones de departamento y de tutores, las de evaluaciones, claustros y atención a padres, las guardias, bibliotecas (complementarias y de libre disposición). Lo cierto es que ese horario se extiende como consecuencia de que la tarea de los profesores aparece difuminada en las diferentes legislaciones, diluyendo su capacidad profesional. Cualquier medida de ajuste en la plantilla del profesorado supone la supresión de refuerzos, desdobles, de orientadores y de profesores de compensatoria, lo que perjudicará a la atención que reciben los que tienen altas capacidades y los que no las tienen o tienen deficiencias. El objetivo de la clase política y mediática ha sido estar los primeros de un ranking (PISA) sin saber realmente su objetivo ni los medios para alcanzarlo. Pues bien, si acudimos al informe de la OCDE, Panorama de la Educación 2011, observamos que en contra de lo que tanto se ha comentado, los/as profesores/as españoles/as imparten más horas en Primaria (126 más que OCDE y 129 más que UE 21) y en Secundaria (148 más que OCDE y 153 más que UE 21). Sobre el asunto de las ratios, el citado informe nos sitúa con peor ratio que Italia, Portugal, Noruega y Suecia en Primaria. Igualmente en Secundaria nos alejamos con ratios más elevada de Noruega, Portugal y son similares con el grupo UE 21. Por tanto los recortes nos devolverían a situaciones mas atrasadas como las de de Brasil o México. Cuando se habla del funcionario docente como un ser privilegiado por sueldo y estabilidad laboral, hay que saber cuales son los términos que emplean. El informe OCDE Panorama de la Educación 2011 eleva el sueldo inicial de un maestro/a en 35.907 euros lo cual es sorprendente pues el calculo se hace en base a retribuciones medias en 30 años en todas las CCAA. El salario es bruto y además no se tienen en cuenta las deducciones por cotizaciones ni aportaciones a Muface. ¿Cómo se pueden, por parte de Panorama de la Educación 2011, anunciar unos salarios iniciales tan desorbitados cuando en realidad se hacen sobre el calculo del salario bruto medio de 30 años?¿ De que manera se pueden publicar unas estadísticas medias de toda España por el mismo informe teniendo en cuenta unos resultados, que si se algo se aproximan de lejos es a País Vasco con menor profesorado y menor peso demográfico y en superficie (4, 64% y 1,4 % del Estado)? ¿Se olvida por parte de Panorama de la Educación 2011, de las tres comunidades más extensas, con mayor peso geográfico y demográfico, y con mayor profesorado (Castilla y León, Andalucía y Castilla La Mancha)? Entre las tres Comunidades más extensas y con mayor profesorado con más del 52 % de superficie y 29% de población. Estos datos corroboran un sesgo interesado en la estadística salarial declarada en el Panorama de la Educación 2011. Indicadores de la OCDE. No sería deseable, que por organismos internacionales se extrajera falsamente que si el profesorado trabaja más horas y el nivel de “éxito educativo “ no es extraordinario (lo cual es muy discutible), haya que recortar aún más profesores. Entonces serían unas estadísticas interesadas en defender los recortes educativos. La consabida estabilidad laboral estatutaria, exige un duro proceso de selección para acceder a un puesto al que libremente se puede acceder después de obtener un título universitario y tras largos años de presentarse a unas oposiciones alcanzando una buena (o excelente) calificación y conseguir así una plaza entre miles de opositores.

Oposiciones, que se han reducido como consecuencia del recorte en las ofertas de empleo público, que han supuesto el límite a la tasa de reposición por jubilaciones, cuando no la congelación. Ha sido esa la vía para aumentar la inestabilidad y vulnerabilidad, que ha dejado en el paro entre 8.200 y 15.000 interinos/as en un ataque sin precedentes a la escuela pública con el objetivo de que sea subsidiaria de la escuela privada-concertada. Las plantillas de los colegios e institutos públicos en varias comunidades autónomas españolas se han reducido entre un 5 y un 10 por ciento. La situación es más grave si tenemos en cuenta que la agresión se produce exclusivamente contra la Educación Pública, con acciones que intentan desprestigiar y deprimir la calidad del sistema público. El 11 de octubre la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado: “Este camino además puede poner en peligro la exigencia constitucional de igualdad de derechos y obligaciones “en cualquier parte del territorio del Estado” que establece el artículo 139 de la CE. Y, en un plano más concreto, la previsible fractura de la tendencia al descenso de las tasas de abandono y fracaso escolar registrada en los dos últimos años”.

Tenemos en general que el profesorado entre 40 y 59 años en un 73% y el profesorado de 60 años supone un 10%. Es un cuerpo envejecido porque la oferta pública de empleo es reducida. Viene marcada por la tasa de reposición que se negocia cada año. La Ley Orgánica de Educación (LOE). La norma establece el compromiso por parte de las autonomías de bajar la tasa de interinidad en la docencia por debajo del 8%. Estamos en 11%. Hay que precisar que el acceso a la función docente en cada cuerpo es por convocatoria suele ser bianual en muchos casos. Es decir que el número de efectivos a reponer por jubilación si se reponen cada dos años es mayor que en convocatorias anuales. La limitación por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de las ofertas de empleo y oposiciones al 30% de la tasa de reposición de efectivos ha facilitado los despidos.

Los que aseveran que la educación pública resulta más costosa olvidan de forma intencionada matizar, que en los lugares más inaccesibles del país, con poca población y con necesidad de transporte público, nunca encontraremos ningún centro privado o concertado. Tampoco mencionan el hecho de que la enseñanza pública acoge a todo tipo de alumnado de variedad capacidades, sin ningún tipo de selección o criba, como ocurre en otras instituciones educativas. Los recortes en enseñanza pública tienen poco de económico y mucho de ideológico al servicio de los mercados financieros y del neoliberalismo, con la connivencia de la política estatal y autonómica, proclamada y defendida por la derecha política y económica en este país. Es necesaria una fuerte resistencia movilizadora conjunta frente a esta amenaza contra el justo equilibro social y democrático, que necesita del apoyo de los trabajadores y trabajadoras, de los padres y madres, de las diferentes organizaciones sociales ciudadanas y de la sociedad en su conjunto.

13 oct. 2011

Un paraíso fiscal para los sectores más favorecidos.

Mientras se observa que las medidas para atajar las crisis se están concentrando únicamente en los ajustes y recortes, hay una enorme dejación de funciones por parte de las diferentes administraciones en materia fiscal progresiva, constituyendo el conjunto del Estado y las Autonomías en verdaderos paraísos fiscales sobre todo para las entidades financieras y para las rentas más altas.

Es indudable que se ha aumentado todavía más la regresividad del sistema fiscal español, uno de los más regresivos existentes hoy en la Unión Europea. Los niveles nominales de gravamen aparentan progresividad pero, en la práctica (consecuencia de deducciones, ventajas fiscales y fraude fiscal) los niveles reales son enormemente regresivos. Mientras que la mayoría de la población trabajadora (a la cual se le paga en nómina) paga impuestos en IRPF en porcentajes similares a la UE-15, la gran empresa (que paga mucho menos –en términos proporcionales- que la mediana y pequeña empresa), la banca y las rentas superiores pagan impuestos en porcentajes (que derivan de sus rentas del capital) mucho menores(sus niveles de fiscalidad reales son del 10% al 17%) a los que se tributan en el promedio de la UE-15.

España es uno de los países con más dinero negro de la UE según las últimas informaciones aparecidas en prensa y desveladas por los inspectores de Hacienda, ya que la economía sumergida supone más de 260.000 millones de euros. La presión fiscal a las rentas más altas se ha sumergido con la crisis, pero incluso en los mejores años estaba muy por debajo de la media de la UE(40,4% según Eurostat). En España, la tendencia nociva de no subir los impuestos para los más ricos, se ha consolidado, en un proceso que se inició con Aznar y que después continuó Zapatero. Hace 20 años, el marginal máximo del IRPF –el tipo para las rentas más altas– era del 65%. Ahora es del 27,4%. ¿Hay tiempo para reformar la Constitución en dos semanas pero es materialmente imposible aumentar los impuestos para las más rentas más altas?

Los trabajadores y pensionistas declaran anualmente a la Hacienda Pública una media de 8.300 euros más que los pequeños empresarios y profesionales liberales. Los asalariados y pensionistas declararon el pasado año 19.359 euros de media, un 43% más que lo declarado por los pequeños empresarios y los profesionales liberales que obtuvieron unos rendimientos medios de 11.036 euros. No es creíble que durante los últimos 16 años, un empleado o pensionista gane de media más que un pequeño empresario, notario, arquitecto, médico o abogado por citar profesiones liberales bien remuneradas. Esta brecha fiscal entre los ingresos declarados por trabajadores y empresarios evidencia que el “componente estructural” del fraude fiscal tiene mucho mayor peso que el componente coyuntural de la crisis económica. La Agencia Tributaria del Estado está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal con una estrategia de actuación claramente equivocada, centrada en el control de las rentas del trabajo y de los autónomos en lugar de inspeccionar las bolsas de fraude que representan las grandes fortunas y las empresas de gran tamaño, principales responsables de la evasión fiscal en nuestro país. La mayoría (el 71%) del fraude en España viene de las grandes fortunas, las grandes empresas y la banca. Si se eliminara tal fraude, el Estado recogería 44.000 millones de euros. Los impuestos sobre beneficios empresarialesascienden al 30% para las grandes empresas y 25% para las medianas y pequeñas. Gracias a de una enorme cantidad de deducciones y ventajes fiscales, el nivel real baja de 30% a un 19,5%. Pero los porcentajes reales que pagan los ricos (sólo pagaron en impuestos el 9,9% de sus beneficios en el año 2010) sin duda son inferiores porque son muy pocas las grandes fortunas que tributan sus ingresos a través de la declaración de la renta o IRPF, pues pueden optar por tributar a través de sociedades. La mayoría utiliza estas sociedades patrimonialeso, si son aún más ricos, las SICAV (1%) o los paraísos fiscales, donde los impuestos son todavía más bajos o directamente no existen. Las rentas del trabajo (asalariados) tributan en tramos que van desde el 37 al 49%, pero las rentas del capital (dividendos y beneficios) tributan al 19-21%. El caso más grave es el de las Sociedades de Inversión (SICAV), que sirve como instrumento para diferir o evadir impuestos, ya que solo se paga tributo( 19-21%)cuando se venden los títulos de la sociedad. Si posteriormente esos beneficios se colocan en deuda soberana (intereses 4-5%) por unos días, llamados “repos”, productos ofrecidos por bancos y bien remunerados que además no tienen retención previa (fiscalidad especial), la plusvalía no tributará hasta la siguiente declaración (diferir tributación).

Articulando un plan eficaz de prevención del fraude, “la Agencia Tributaria podría reducir en diez puntos la bolsa de economía sumergida en España, es decir una recaudación adicional de 38.500 millones de euros anuales con los que estabilizar las cuentas públicas sin recurrir a drásticas medidas de recorte del estado del bienestar”, según técnicos de Hacienda (GESTHA). Otras informaciones aparecidas en prensa en el último mes indican que se podrían recaudar hasta 44.000 millones de euros recuperando los agujeros fiscales por dejación de funciones. En diferentes informaciones conocidas, de fuentes tan dispares como técnicos de la AET o diferentes economistas cifran en 12.152 millones de euros la recaudación anual por la recuperación o creación de impuestos como Patrimonio, Sociedades, grandes Rentas de Inversión, Sucesiones, Turismo eventual y Tasas Ecológicas. Recordemos que el hachazo a la inversión en la escuela pública de Madrid enviando al paro a más de 3000 profesores/as asciende a 80 millones de euros, o los injustos recortes sanitarios en la Generalitat catalana.

3 oct. 2011

Un escaso sector público sujeto a recortes frente a la creciente privatización


Una de las frases entonadas con frecuencia por aquellos que buscan reducir el sector público a favor del privado es la que dice “hay que recortar el gasto público que supone la administración por que como Estado no nos lo podemos permitir”. Los números desmienten claramente la falacia de lo que se pretende generalizar, acerca de que la administración compuesta por el cuerpo de funcionarios es un cuerpo sobredimensionado y poco trabajador. España en personal al servicio de la administración, esta en la mitad de la tabla ocupando el puesto 16 de la UE, donde además el 40% del personal no tiene plaza en propiedad. Del total de funcionarios el 43% atienden servicios esenciales como son Sanidad y Educación.

España no es un país de funcionarios como se quiere difundir (1 funcionario por cada 17 habitantes), pues hay 2,5 millones de funcionarios en un país de 46 millones, lo que supone un 5,5% de la población y el 14% de la población activa de 19,5 millones (EPA julio 2011). Nos supera de largo Suecia con 12,3% de la población y 1 funcionario/a cada ocho habitantes, Finlandia, Letonia y Malta con un 9% de la población y 1 funcionario por cada 9 habitantes, Bélgica y Francia, ambos con 12 funcionarios por habitante; incluso nos supera Irlanda y Portugal con 13 habitantes por cada empleado público, al que se suma Países Bajos con 16 habitantes por cada empleado público. En el vagón de cola se sitúan países como son República Checa, con 1 funcionario por cada centenar de habitantes, Rumania, con 1 para cada 127, y Eslovaquia, con 135.

Por otra parte hay un ruido de fondo que confunde interesadamente el concepto de funcionarios con el de empleados públicos de modo que suma todos y los adscribe a un cuerpo para intentar demostrar falsamente un exceso de empleados al servicio de las tres administraciones (General, Autonómica y Local). Según el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, los empleados públicos pueden ser funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y personal eventual o de confianza. Los denominados funcionarios de carrera con plaza en propiedad suponen un total 1.596.916, como personal laboral trabajan 686.951 y como personal eventual o de confianza, así como funcionarios interinos (sin plaza) que son nombrados por necesidad de servicio, suman 375.143 personas. Es decir, estamos ante un 40% de servidores públicos sin plaza fija. Las brutales reducciones en las ofertas de empleo público solamente en la red estatal, sin tener en cuenta las CCAA han sido del 92%, pasando de 35.895 a 2.791 empleos ofertados. Esto tiene como consecuencia directa el aumento de la temporalidad hasta el 8% en el marco estatal, casi el 11% en el ámbito autonómico y del 20% en la administración local. Acerca del tópico del absentismo laboral, lo cierto es que a pesar de no haber estadística oficial, diferentes estudios puntuales apuntan hacia niveles similares a las grandes empresas. Contrariamente a la errónea idea extendida de impunidad, lo cierto es que hay un sistema disciplinario regulado que establece sanciones leves, graves y muy graves con consecuencias directas desde la suspensión de empleo y sueldo hasta el demérito y separación del cuerpo (despido de funcionarios de carrera). Acerca de las retribuciones, se puede decir que los empleados públicos no son precisamente los ricos de este país. Los sueldos, que son de conocimiento público y además están regulados oscilan entre los 1.000 y 3.000 euros (los más altos y en menor número). El salario se compone de unas retribuciones básicas (sueldo base, más trienios y pagas extra, mas una serie de complementos (destino, de productividad, formación, específico de puesto…). Respecto a la distribución de las/os empleados públicos, es claro que en un país donde el Estado ha transferido gran parte de la competencias a las Autonomías, el peso recae a favor de estas últimas.

El 50, 6 % trabajan en las CCAA, el 21,9 % en la administración Estatal, el 23, 6 % en la Administración Local y el 3,9% en las diferentes universidades públicas. Curiosamente en aquellas comunidades con mayor tejido productivo e industrial, es donde se baja más la inversión en la administración pública y donde se podría incrementar. Por el contrario se están aplicando todo un “indigesto menú de recortes”, como Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra o País Vasco. En Madrid donde trabajan gran parte de los empleados de la Administración central más los propios de la Comunidad Autónoma también se aplica idéntica receta. Salvo la excepción de Madrid, por la razón citada, la distribución de los funcionarios por Comunidades se corresponde con su peso demográfico.

Lo que en realidad esconde este argumento de falsa hipertrofia, es el deseo reducir aún más el sector público. Un sector al que se quiere etiquetar de “isostenible”, disminuyendo todavía más los escasos recursos que recoge el Estado con el fin de privatizar los servicios públicos del Estado del Bienestar. Servicios tales como las pensiones, la sanidad, la educación o los servicios domiciliarios. En la misma línea argumental esgrimida por los defensores de los recortes en inversiones públicas sociales, se sitúa el decir “que éstos son inevitables y necesarios” (“las denominadas reformas que hay que hacer o profundizar”). Dicen que como consecuencia de la presión de los mercados-siempre hay que calmarlos, nunca tienen suficiente y nada les preocupa el bienestar social-hay que equilibrar las cuentas del Estado y ello exige los recortes de la partida pública, incluyendo la parte pública social. Esto constituye un axioma y es sobre todo postura ideológica. Es un hecho que además, se ha ido reproduciendo en los medios de información y comunicación mayoritarios (evidentemente tienen accionistas como las agencias de calificación), de manera tal que se ha convertido en la receta convencional del país, garantizando de esa forma que haya una “única política económica posible”). Política que hace poco cuenta con una ayuda poderosa a través del aval Constitucional a los mercados, que ha supuesto la reforma del artículo 135.

27 sept. 2011

De aquellos vientos de Euro sembrados, vinieron tempestades de una debacle social y democrática II

Una de las medidas del Pacto del Euro es la propuesta de "equilibrar los presupuestos del Estado" a cualquier precio (norma constitucional del déficit 0) en un contexto en el que los ingresos al Estado han bajado, por la vía de la reducción del inversión pública (del cual la inversión pública social es el mayor componente), imposibilitando que España corrija su escasísima inversión público social. De esta forma se intenta que se asuma que la única manera de cuadrar las cuentas públicas sea reducir la partida social. Toda cuenta de resultados se compone de dos partes: los gastos y los ingresos. Ignorar los impuestos es negar la mitad de la cuenta o querer abandonar la progresividad fiscal, lo cual tiene una profunda orientación ideológica neoliberal.

Casi todos los esfuerzos se centran en reducir el déficit público sólo recortando el gasto ( en realidad inversión) y sin tocar los impuestos. ¿Para cuando dejamos el empleo estable y medidas que reduzcan la precariedad? No hay respuesta oficial ni de la UE, ni de los diferentes gobiernos central y autonómico. En cambio, para paliar esa falta de ingresos se acude emisión de deuda como gran esperanza la cual está muy influida por la denominada “prima de riesgo” (instrumento de las agencias de calificación para cuantificar el riesgo de impago). El papel de las agencias de la agencias de calificación es muy cuestionable pues rebajar la nota de un país en momentos de emisión de deuda beneficia a los accionistas de esas agencias. Una rebaja de nota para la deuda permite a los compradores de deuda exigir más intereses en virtud de una prima de riesgo más elevada. Algunos de los mayores fondos de inversión (Black Rock y Capital Group son los mayores accionistas de Standard & Poors y Moody´s (controlan el 80% del mercado). Especulando con los bonos de deuda se consiguen mayores intereses y por tanto deuda que se encarece con lo cual se realiza para “compensar” una privatización de los servicios públicos o recortes en los mismos para pagarla, mientras se mantienen los privilegios de una banca y de una clase social que apenas tributan ni pagan los costes de la crisis pese a provocarla con sus operaciones especulativas y de gran riesgo en los años anteriores (crisis de la “Subprime”, caída de Lehman Brothers, productos financieros hipertrofiados de alta rentabilidad-gran riesgo y burbuja inmobiliaria). Recientemente ha sido desestimada por la Fiscalía General del Estado la demanda presentada mediante una querella contra las agencias de calificación de deuda presentada por 2 abogados y 25 organizaciones como acción ciudadana. ¿Indica una excesiva influencia sobre el Estado del Poder financiero internacional o la tolerancia excesiva con este último?

Pedir préstamos con mesura debido a los intereses especulativos, es evidente si no se quiere llevar al país a la ruina pero no se pueden entonar discursos contra una excesiva deuda para justificar recortes, cuando el nivel de la misma dista mucho de haber descarrilado. La deuda pública española es menor que el promedio de la UE-15 (el grupo de países más ricos de la UE). Es más, España tiene la inversión pública social (que constituye una gran parte de la inversión pública por habitante) más bajo de la UE-15. Es sólo el 74% del promedio de la UE-15, mucho más bajo de lo que nos correspondería por el nivel de desarrollo económico que España tiene, que es ya el 94% del PIB per cápita de la UE-15. Además se constata que la deuda pública es mucho menor -60% del PIB- que la deuda privada (familias y de las empresas) que alcanza el 189%.

La frase que utilizan con frecuencia aquellos que señalan el "gasto público" (redistribución) de que “hay que recortar el "gasto público" social para salvar el futuro estado del bienestar ”argumenta falsamente que éste está hipertrofiado, postura insostenible a la luz de las comparativas. Lo cierto es que estamos en el furgón de cola de la Europa Social y nuestro Estado del Bienestar (incluye desde las pensiones hasta los servicios públicos de sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios para dependientes, vivienda pública y otros) se halla en fase incipiente si nos comparamos con los países de la UE 15 que son el grupo de desarrollo económico más próximo al nuestro. El mal denominado “gasto público social” ( ya que genera empleo y por tanto es inversión), supone sólo un 21% del PIB, el más bajo (incluso más bajo que Grecia y Portugal) de la UE-15, cuyo promedio es del 27%. En la partida de presupuesto público social por habitante, España junto con Grecia y Portugal se halla muy por debajo de la media de los socios de la UE que forman el grupo más desarrollado. En los servicios públicos del Estado del bienestar sólo trabaja el 9,5% de la población, mientras en la UE, trabaja el 15% y por tanto somos junto con Grecia y Portugal (“rescatados” y con graves recortes del sector público) los países con empleo público más bajo. De lo que puede deducirse que, España se gasta mucho menos en su Estado del bienestar de lo que le correspondería por desarrollo económico. Nos acercamos al PIB de los miembros del la UE mas avanzados (94%) pero nos hallamos lejos de la inversión social (74%), es decir faltarían 66.000 millones de Euros para alcanzar el Estado del bienestar parejo al desarrollo económico. No es, pues, que no haya recursos en el país como machaconamente insisten los sectores neoliberales, es que no se recogen ni a nivel Estatal, ni autonómico, ni local. Desde luego este retraso en la implantación del Estado del bienestar tiene que ver con la paulatina integración a todos los niveles en la UE. En el periodo 1978-1993 , la diferencia de presupuesto público social entre España y el promedio de la UE-15 se había reducido a la mitad. Ya en 1993 se empezaron a tomar medidas encaminadas a integrarnos en la eurozona con medidas muy restrictivas respecto a las partidas sociales. Una de las medidas estrella estribaba en la reducción del déficit público del Estado (por mandato de Maastricht) para alcanzar la cifra objetivo de 3% del PIB. Tal reducción si hizo a cargo de la inversión publica, especialmente la partida social pasando de 3.039 euros por habitante/año a 2.904 euros por habitante/año. Tales medidas de recortes siguieron en el periodo 1995-2004, la diferencia con UE-15 se disparó (de 1.812 euros estandarizados a 2.242 menos). España iba gastando mucho menos en su Estado del bienestar que el promedio de la UE-15, puesto que desde 1993 (el último gobierno del PSOE) se cargaba a costa de la partida social, cubrir el déficit del presupuesto del Estado. Cuando en 2003 el Gobierno de Aznar presentaba a España alcanzando el denominado equilibro de las cuentas del Estado, en realidad se había empobrecido el recortado y escasamente desarrollado Estado del bienestar español. En realidad, el euro se construyó a base de recortar a la España social, siendo las clases populares (usuaria mayoritaria el Estado del bienestar)las que pagaron el coste de que España se integrara en la eurozona. A partir de 2004, la diferencia del gasto público social por habitante respecto a la UE-15 vuelve a reducirse por mayor sensibilidad social del gobierno socialista presionado por partidos a su izquierda. En el 2007 se inicia un a una nueva brecha social (de 2.242 euros estandarizados a 1.938 según Eurostat). Los recortes sociales consagrados en el Pacto del Euro están aumentando ese déficit de inversión social y tendrán como consecuencia que España siga en los últimos puestos de la Europa Social. En mayor o menor medida la presión social y la resistencia organizada ante esta situación llevará a los gobiernos sucesivos a dar marcha atrás en el camino por tan nefasta senda.

Con unos gobiernos tomando medidas y ajustes de hierro a golpe de mercado se está produciendo un grave deterioro de la democracia. Sólo se está tomando en cuenta si sube o baja IBEX 35, no si sube o baja la exclusión social y salarial. Y el peligro de involución social y de pérdida de derechos adquiridos suele traer a reglón seguido el recorte de derechos políticos (prohibiciones, represiones y sanciones a las reuniones ciudadanas en asambleas son un ejemplo).

18 jul. 2011

De aquellos vientos de Euro sembrados, vinieron tempestades de una debacle social y democrática

Lo que sucede hoy con los problemas derivados de la deuda soberana y de la falta de cohesión social ligada a la perdida de derechos laborales y el desmantelamiento rápido de la protección social estatal, es algo que tiene como origen el Tratado de Mäastricht que sembró LOS VIENTOS DEL EURO, con sus límites al déficit que proponían la rebaja de impuestos al capital y el aumento de impuestos al consumo, rebajando las cuotas de protección social a través del adelgazamiento de los pilares del Estado del Bienestar (Sanidad y educación públicas).
Ha continuado con el mantenimiento pertinaz de un Euro sobrevalorado (50% respecto al dólar desde el 2003) y no únicamente como resultado de la debilidad de la economía de EEUU en los últimos tres años.
Ese encarecimiento del Euro que comenzó con 1.16 dólares en 1999, tuvo algunas bajadas momentáneas entre el 2000 y 2003 (llegó a situares en 0.82 dólares en el 2000), y repuntó de forma sostenida desde 2003, alcanzando una escalada sin precedentes de 1,60 dólares en 2008 (año clave de la crisis con la caída de Lehman Brothers). Las bajadas del euro en 2010 no frenan un nuevo impulso de subida que lo sitúa hoy en 1,41 dólares. La consecuencia de ese valor es el encarecimiento de los productos europeos fuera de Europa y el abaratamiento de los productos extracomunitarios en el interior de Europa, lo que produce un déficit comercial que empuja más al fondo la recesión económica donde las beneficiadas son las trasnacionales que llevan tiempo deslocalizando la producción en Europa yespecialmente en los países del sur de la UE. Este problema causa un aumento exponencial del paro junto con el fin de la especulación inmobiliaria (el nuevo nicho de especulación es el oro) y dispara el impago de créditos e hipotecas. Enfrentadas al impago de créditos, las entidades financieras que antes habían obtenido cuantiosas ganancias con productos inventados (altos riegos) y créditos de difícil cobro, con el apoyo de “agencias de calificación económica” el BCE y el FMI solicitan a los diferentes estados de la UE ayudas masivas de dinero y avales bajo la amenaza de cierre de flujo financiero.
En el caso de España se comprometieron 150.000 millones de Euros en compra de activos y avales. Luego llegó la ayuda del Banco Central Europeo facilitando liquidez ilimitada y casi gratuita (al 1%) a la banca. Recordemos que con ese dinero obtenido al 1% se compra deuda soberana por la que se pagan mayores intereses, actualmente (julio 20119) 4,89 de intereses. Para entenderlo pongamos un ejemplo sencillo: Si la banca obtiene 50.000 Euros del BCE al 1% tendrá que pagar 500 Euros de intereses. Con esos 50.000 Euros compra deuda soberana (los llamados bonos) y obtiene por la misma cantidad 2.445 euros de interés. Como ha de descontar lo que ha de abonar al BCE, le salen a la banca un negocio redondo con 1.945 de Euros de ganancia limpia a costa del empobrecimiento de un Estado. España ha de emitir 22.300 millones de Euros en octubre. Si se mantuviera el interés en el 5% por la emisión, lo cual es muy dudoso al ritmo en que sube la Prima de Riesgo (instrumento de las agencias de calificación para cuantificar el riesgo de impago) que lleva aparejado subidas en los intereses de forma inmediata, el resultado sería: El BCE lo presta al 1% (22.300 millones de Euros), la banca privada paga por ello 223 millones de interés. La banca privada lo presta a España y obtiene 868 millones de Euros de beneficio en interés limpio. Nuestro país habrá aumentado su endeudamiento en 23.167 millones de Euros. Pingüe beneficio para la banca y ruina para un país que verá comprometida su riqueza medida en PIB (Producto Interior Bruto) y que recibirá como instrucción la falacia mejora la conocida “ajuste de gasto”, “reducción de déficit”que busca desmantelar la protección social y los servicios públicos unido a la rebaja de salarios, subida de IVA y precariedad laboral.
El reciente Pacto del Euro viene a reforzar esta nefasta ecuación: frente a la recesión ajuste (brutales recortes sociales y salariales), consecuencia del ajuste más recesión y por tanto más ajuste. Para pagar esa recesión emisión de deuda (ya hemos visto las condiciones), deuda que se encarece con lo cual se realiza un masiva e indignante privatización de los servicios públicos, mientras se mantienen los privilegios de una banca y de una clase social que apenas tributan ni pagan los costes de la crisis (1% de interés al BCE por prestamos y 1% a las SICAV o sociedades de inversión de capital variable que exigen un mínimo de inversión de 2,4 millones de Euros).

Continúa (27/09/2011)

8 jul. 2011

OPINA SOBRE EL PACTO DEL EURO











PARA OPINAR IR A:

EL PACTO DEL EURO

Se trata de la enésima reforma en contra de los trabajadores que se anuncia como inevitable para "salir de la crisis” ; en este caso, el objetivo declarado es aumentar la “competitividad” para contener el déficit en los estados de la Unión Europea y así evitar nuevos "rescates" . El acuerdo se basa en compromisos sobre moderación salarial, contención del gasto en pensiones y prestaciones sociales, flexiseguridad laboral para fomentar el empleo y coordinación de las políticas fiscales


1. Moderación salarial
El euro-ataque contra los salarios se basa, como siempre, en un discurso eufemista que esconde el terror empresarial reinante. Desde hace meses, la política europea en general y Alemania a traves de Merkel en particular vienen insistiendo en la idea de ligar salarios y productividad, algo tan abstracto como aparentemente inofensivo. Lo que se esconde detrás de este lema es que los sueldos de los trabajadores no aumenten cada año conforme aumente la inflación (el “coste de la vida”), sino que queden estancados definitivamente, de tal forma que cada año que pase todos seamos un poco más pobres. Se trata, pues, de una reducción salarial encubierta. Desde luego la idea no es nueva, y existe una cierta cobertura legal que permite a los empresarios, actualmente, congelar los salarios de un año para otro (el Banco Santander ya ha anunciado que lo va a hacer, por ejemplo, a pesar de obtener un beneficio de 8.181 millones de euros en 2010).

Por otra parte, resulta insultante el mismo concepto de «moderación salarial». En 2009, casi seis de cada diez asalariados españoles eran mileuristas, cifra que ha ido engordando con el paso del tiempo y en muchos casos ha bajado de ese umbral. El sueldo medio de los españoles lleva estancado desde el año 2000, justo en la misma época en la que las burbujas inmobiliaria y financiera llenaban los bolsillos de los ricos a manos llenas. El sueldo de los españoles es un 37% menor que el salario medio europeo . Estamos ya en los cinco millones de desempleados (a los que se suman los despedidos en las administraciones y empresas públicas) y el paro juvenil es del 42% para los menores de 25 años y del 26% para los que tienen entre 25 y 29 años . En cambio, las empresas españolas del IBEX-35 han batido records históricos de beneficios . En este contexto es inmoral hablar de moderar los salarios, especialmente cuando la recién nombrada directora del FMI ganará más de 383.000 euros anules mas 5000 por mes en dietas (11% más que su antecesor) y cuando los sueldos de directivos y banqueros son tan disparatadamente altos como por ejemplo el presidente de Bankia, R. Rato ( ex director del FMI cuando se gestaba la crisis) con algo más de 3 millones de euros.
El supuesto objetivo del Pacto del Euro es evitar incrementar el déficit de los estados; ¿cómo influyen los salarios de los trabajadores el déficit? ¿En qué influye en el gasto del estado lo que una empresa pague a un asalariado por sus servicios? Lo más lógico sería pensar que si los empleados ganan menos dinero, el consumo disminuye y los ingresos del estado por impuestos directos e indirectos también disminuyen. Se pide “moderación”, pero al pedirlo para todos los trabajadores asalariados públicos y privados (no directivos ni comisionistas financieros) están declarando abierta o veladamente que su objetivo real no es reducir el déficit sino bajar los sueldos.

2. Contención del gasto en pensiones
Aumentando la edad de jubilación a los 67 años entre otros. Sin embargo, en el Pacto del Euro se recogen “medidas” aún más agresivas como la vinculación de la edad de jubilación a la esperanza de vida.
Las alarmas lanzadas periódicamente sobre la supuesta insostenibilidad de las pensiones españolas tienen su origen en “expertos” tales como los “100 economistas”, que machaconamente ofrecen propuestas que nadie les ha solicitado y que algunos de los medios amplifican. Estos “100 economistas” han sido reunidos y financiados por la FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada . A FEDEA, a su vez, la financian todo tipo de bancos y entidades financieras, así como empresas tales como Repsol o France Télécom. La concrección: los bancos y grandes fortunas contratan a una serie de “expertos independientes” seleccionados a dedo para propagar falsedades y catastrofismos sobre el sistema estatal de pensiones, con el fin de lograr su desestabilización y fomentar los muy lucrativos planes de pensiones privados (los intereses generados por la “hucha” estatal de las pensiones ascienden a más de 2.600 millones de euros , una cantidad muy apetitosa para el capital privado). A largo plazo, el objetivo es su completa privatización, lo cual supondría el pelotazo financiero del siglo y un tremendo atraco a mano armada contra la población. Por supuesto, estos economistas corren un tupido velo sobre la crisis de las pensiones privadas disparada tras la crisis financiera de 2008 . Pero, ¿cuál es la realidad de las pensiones en España? a) La Seguridad Social se encuentra en superávit actualmente, por un generoso margen, y sus cuentas son independientes de los presupuestos públicos. No sólo eso, sino que la “hucha” de las pensiones es la que más aporta a dicho superávit. Además, el gasto en pensiones del estado español en proporción al PIB es de los menores de la UE-15; concretamente, este gasto se situó en el 8,9% durante el ejercicio 2010, frente al 10,2% de media en la UE-27 . La pensión media de jubilación en España supone el 63% de la prestación media en la UE-15. España es uno de los países europeos con mayor porcentaje de pensionistas en riesgo de pobreza relativa, un 19,3%, sólo por detrás de 7 de los otros 26 estados que componen la UE (Letonia, Chipre, Estonia, Bulgaria, Lituania, Reino Unido y Finlandia); además, el 77% de los pensionistas no llega siquiera a la condición de mileurista. b) Es absurdo y completamente mentira afirmar decir que a día de hoy las pensiones son insostenibles o que generan un déficit intolerable. En todo caso, el supuesto impacto de las pensiones sobre las finanzas estatales comenzaría hipotéticamente dentro de años o décadas debido al envejecimiento de la población, con lo cual esta medida no se justifica si el objetivo es (como ellos dicen) contener el déficit aquí y ahora para salir de “la crisis” . c) Pero, cuidado, el cuento del envejecimiento de la población también es otro engaño. Se lleva vaticiando décadas y siempre falla, veamos el rejuvencecimiento de la "pirámide de población" con la llegada de la inmgración con mayor numero de hijos por mujer en los últimos años.

3. Contención del gasto en prestaciones sociales
No sólo la Seguridad Social se encuentra en superávit; por si eso fuera poco, el gasto sanitario en España se encuentra un 43% por debajo de los principales estados europeos . En educación, el estado español no sólo gasta menos del promedio de la UE-25, sino que se encuentra casi a la cola, en el puesto 21. Por otro lado venimos asistiendo desde la LODE (1987) a una creciente privatización de la Enseñanza Pública a través de los denominados "conciertos educativos" que desvían dinero público hacia la enseñanza privada. El gasto por universitario del estado es un tercio menor que el de los países de la OCDE ; además, España se sitúa a la cola de la UE en gasto I+D, por detrás de Estonia y República Checa . El Ministerio de Medio Ambiente ha visto reducidos en un tercio sus presupuestos para este año; y no se dedica ni un euro a partidas para la protección específica de especies amenazadas; por otro lado la inversión en energías renovables no sigue al mismo ritmo al enfriarse las subvenciones y dada además nuestra conocida dependencia energética . El Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Vivienda han desaparecido recientemente. En general, el gasto social en España está por debajo de la media europea (20,9% del PIB frente a la media del 26,9%, en 2009).

4. Flexiseguridad laboral para fomentar el empleo.
En primer lugar se acude a utilizar un eufemismo que los intelectuales del poder para dotar a su acción que consiste en menoscabar los derechos laborales, de una apariencia de «elegancia inofensiva» llamada “Flexiseguridad”. La palabra es una conversión del aberrante concepto de la “flexibilidad laboral” , que implica ni más ni menos que la creciente libertad del empresario para contratar y despedir y sin atenerse a ningún tipo de normativas legales que actúe como protección de los derechos . El término “flexibilidad” alude al hecho de que flexiblemente hoy estés contratado y mañana estés en la calle con menor indemnización o menor margen de aviso o sin indemnización y sin preaviso; o que flexiblemente te paguen menos del salario establecido por convenio o te bajen el sueldo a placer en aras de una mejora de la situación de la empresa. Por lo tanto, “flexiseguridad” es el retoceso de las normativas que protegen los derechos laborales para eliminar los costes de los salarios, su extinción (desempleo) o suestabilidad. ¿Fomenta el empleo la impunidad empresarial? España puede contestar la pregunta con los hechos. Cuando se aprobo la última reforma laboral, el paro era de algo más de 4.017.763 personas . Actualmente, nueve meses después, el paro ha aumentado a 4.900.200 personas. Además, la contratación se impone (más con el la suspensión del límite a la contratación temporal) y la contratación estable o fija ha entrado en caida libre. Es obvio que esta medida no tiene nada que ver con el déficit. Es más lejos de dar mayor calidad al empleo privado se trata de precarizar y destruir el empleo público (funcionarios, interinos y personal laboral) para quebrar los colectivos fuertes que podían llegar a ser referencia de los colectivos más débiles. (enfrenatmiento de asalariadas/os). Al contrario, el aumento del paro reduce el consumo que a su vez reduce los ingresos del estado por impuestos directos e indirectos. Por si fuera poco, desde el poder se plantea una rebaja de la fiscalidad a las empresas (es decir, de lo que tu empresa paga al estado por tenerte contratado), lo cual ayudaría a incrementar el déficit en vez de rebajarlo además de suponer una rebaja de ingresos cuando más se necesitan. Recordemos que esto ya se ha practicado con las multinacionales o trasnacionales y cuando no había que regalar, deslocalizaron sin devolver ninguna subvención y dejando miles de paradas/os. Implicaciones prácticas inmediatas: la reforma de la negociación colectiva. El punto de mira de esta reforma apunta a los convenios laborales colectivos , que para los economistas neoliberales son demasiado rígidos y nada “flexiseguros". Lo principal que se intenta con esta reforma es conseguir que si los trabajadores no pasan por el aro de lo que exija la patronal al finalizar un convenio, se invoque a un árbitro para renegociar el nuevo convenio en nombre de los trabajadores . Hasta ahora lo conseguido en los convenios eran derechos consolidados, algo que se perderá con esta reforma. No se dice de dónde saldría este árbitro ni qué legitimidad tendría. Se han buscado una fórmula más alambicada consistente en reconocer "la obligación de acudir a procesos de mediación y arbitraje". Es decir, emplear obligatoriamente ese mecanismo, ahora voluntario, aunque sin prejuzgar el resultado. No obstante, lo más lógico es que si se acude a una mediación sea para aceptar el resultado, lo dicte un árbitro o cualquier otro órgano.» Algunos aspectos de la reforma claramente regresivos en términos de derechos:
1.«Capacidad de negociar las condiciones de trabajo (jornada, horario, remuneración...)». Los empresarios pondrán las condiciones laborales que les convengan
2·«Cambios en el convenio durante su vigencia si la situación lo requiere, algo que ya ocurre de forma voluntaria». Los convenios se convierten en papel mojado susceptible de cambio si «la situación lo requiere», es decir, si al empresario le parece que sus trabajadores gozan de demasiados “privilegios” dada la situación de la empresa.
3·«Habría que permitir una "exención temporal" de los convenios a los emprendedores, con la idea de que gocen de un tiempo de adaptación sin tener que cumplir el marco laboral, siempre que el número de empleados "sea inferior a una determinada cifra"». En otras palabras, «habría que permitir» que en las empresas de reciente creación desaparezcan los derechos adquiridos de los trabajadores.
4· «Diversidad de condiciones de trabajo en función de la fecha de ingreso en la empresa». Precariedad absoluta para los jóvenes, becarios permanentes.
5· «Se mantendrán los acuerdos sectoriales de ámbito nacional para establecer la estructura general de los convenios, pero se dará prioridad a los convenios de empresa que tendrán competencias en las cuestiones fundamentales, y que podrán modificar a la baja lo conseguido en convenios de ámbito superior.»
6· «Se darán nuevas facilidades para que los empresarios alegando causas económicas se puedan descolgar de los convenios colectivos
7· «Se darán a las Mutuas Patronales competencias en las enfermedades comunes y se ampliará el control y la presión contra los trabajadores que enfermen. Los trabajadores que se den de baja por enfermedad común sufrirán la presión y el acoso para que vuelvan al trabajo de la misma manera que lo sufren actualmente los trabajadores que sufren un accidente laboral.»

CONCLUSIÓN
Merkel ya considera insuficiente el Pacto del Euro que se debate hoy. La canciller venderá que las reformas son un éxito del eje franco-alemán. Sin embargo, sus asesores ya han adelantado que exigirá más contundencia en el futuro. “El golpe maestro no se producirá todavía” , manifestó pues después habrá explicar a la opinión pública que este pacto no es suficiente para tranquilizar a los mercados. ¿Pero quiénes son «los mercados» a los que se atribuyen cuilidades humanas como la ansiedad o la tranquilidad?.¿dónde viven «los mercados»? ¿A quién representan? ¿Por qué están tan nerviosos, «los mercados»? Y lo que es más terrorífico: ¿hasta dónde tendrá que llegar la destrucción de los derechos de los trabajadores para que «los mercados» se tranquilicen? Es más, ¿podría llegar el día en que se tranquilicen, o su ansiedad es más bien un estado de ánimo permanente? No solamente Merkel y Sarkozy exigen cambios en las políticas nacionales. También el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Obama, la Reserva Federal estadounidense la OCDE instan al gobierno español a aplicar recortes y minar derechos. Lo fundamental es comprender que los citados actores no han sido elegidos por ningún español y que por tanto no tienen ninguna legitimidad para exigir medidas de ningún tipo a la ciudadanía. Quizás el colectivo más amenazante a corto plazo para las economías nacionales sean las agencias de calificación de riesgo que constituyen una dictadura económica de facto . Es lo que se ha dado en llamar : "dictadura de mercados", "golpe mercado a la democracia" o "plutocracia neoliberal". Tres agencias norteamericanas se reparten el 90% del “mercado” de la calificación: Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch constituyendo así un oligopolio endogámico privado. Una rebaja de la calificación de la deuda de un estado implica una desestabilización de su economía y de su bolsa, pone nerviosos a «los mercados» y azuza a las instituciones del capital exigiendo más y más recortes; España lo sabe muy bien, Grecia conocéis el resultado, Portugal e Irlanda llevan caminos similares. Una palabra negativa de estas tres empresas privadas puede desestabilizar la economía de cualquier país y puede obligar a los gobiernos a tomar unas medidas u otras. Nuevamente nos encontramos ante unos actores no electos ni estatales que pueden dictar la economía de un país, con el agravante de que además se trata de empresas privadas de las que jamás conoceremos sus inversores reales ni a qué intereses sirven. Y por último no nos dejemos engañar por ese supuesto hartazgo europeo ante las agencias de calificación, por que a renglón seguido se suben los tipos de interés en la Eurozona lo cual garantiza mayor atracción del capital especulativo, con un Euro revalorizado contra viento y marea y la par mayor emobrecimiento de los hipotecados/as que tienen que hacer frente a créditos que en muchos casos pone a la población a los límites de la supervivencia. Pero esto es tema de otro escrito específico:" De aquellos vientos de Euro sembrados, vinieron tempestades de una debacle social y democrática".