27 sept 2011

De aquellos vientos de Euro sembrados, vinieron tempestades de una debacle social y democrática II

Una de las medidas del Pacto del Euro es la propuesta de "equilibrar los presupuestos del Estado" a cualquier precio (norma constitucional del déficit 0) en un contexto en el que los ingresos al Estado han bajado, por la vía de la reducción del inversión pública (del cual la inversión pública social es el mayor componente), imposibilitando que España corrija su escasísima inversión público social. De esta forma se intenta que se asuma que la única manera de cuadrar las cuentas públicas sea reducir la partida social. Toda cuenta de resultados se compone de dos partes: los gastos y los ingresos. Ignorar los impuestos es negar la mitad de la cuenta o querer abandonar la progresividad fiscal, lo cual tiene una profunda orientación ideológica neoliberal.

Casi todos los esfuerzos se centran en reducir el déficit público sólo recortando el gasto ( en realidad inversión) y sin tocar los impuestos. ¿Para cuando dejamos el empleo estable y medidas que reduzcan la precariedad? No hay respuesta oficial ni de la UE, ni de los diferentes gobiernos central y autonómico. En cambio, para paliar esa falta de ingresos se acude emisión de deuda como gran esperanza la cual está muy influida por la denominada “prima de riesgo” (instrumento de las agencias de calificación para cuantificar el riesgo de impago). El papel de las agencias de la agencias de calificación es muy cuestionable pues rebajar la nota de un país en momentos de emisión de deuda beneficia a los accionistas de esas agencias. Una rebaja de nota para la deuda permite a los compradores de deuda exigir más intereses en virtud de una prima de riesgo más elevada. Algunos de los mayores fondos de inversión (Black Rock y Capital Group son los mayores accionistas de Standard & Poors y Moody´s (controlan el 80% del mercado). Especulando con los bonos de deuda se consiguen mayores intereses y por tanto deuda que se encarece con lo cual se realiza para “compensar” una privatización de los servicios públicos o recortes en los mismos para pagarla, mientras se mantienen los privilegios de una banca y de una clase social que apenas tributan ni pagan los costes de la crisis pese a provocarla con sus operaciones especulativas y de gran riesgo en los años anteriores (crisis de la “Subprime”, caída de Lehman Brothers, productos financieros hipertrofiados de alta rentabilidad-gran riesgo y burbuja inmobiliaria). Recientemente ha sido desestimada por la Fiscalía General del Estado la demanda presentada mediante una querella contra las agencias de calificación de deuda presentada por 2 abogados y 25 organizaciones como acción ciudadana. ¿Indica una excesiva influencia sobre el Estado del Poder financiero internacional o la tolerancia excesiva con este último?

Pedir préstamos con mesura debido a los intereses especulativos, es evidente si no se quiere llevar al país a la ruina pero no se pueden entonar discursos contra una excesiva deuda para justificar recortes, cuando el nivel de la misma dista mucho de haber descarrilado. La deuda pública española es menor que el promedio de la UE-15 (el grupo de países más ricos de la UE). Es más, España tiene la inversión pública social (que constituye una gran parte de la inversión pública por habitante) más bajo de la UE-15. Es sólo el 74% del promedio de la UE-15, mucho más bajo de lo que nos correspondería por el nivel de desarrollo económico que España tiene, que es ya el 94% del PIB per cápita de la UE-15. Además se constata que la deuda pública es mucho menor -60% del PIB- que la deuda privada (familias y de las empresas) que alcanza el 189%.

La frase que utilizan con frecuencia aquellos que señalan el "gasto público" (redistribución) de que “hay que recortar el "gasto público" social para salvar el futuro estado del bienestar ”argumenta falsamente que éste está hipertrofiado, postura insostenible a la luz de las comparativas. Lo cierto es que estamos en el furgón de cola de la Europa Social y nuestro Estado del Bienestar (incluye desde las pensiones hasta los servicios públicos de sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios para dependientes, vivienda pública y otros) se halla en fase incipiente si nos comparamos con los países de la UE 15 que son el grupo de desarrollo económico más próximo al nuestro. El mal denominado “gasto público social” ( ya que genera empleo y por tanto es inversión), supone sólo un 21% del PIB, el más bajo (incluso más bajo que Grecia y Portugal) de la UE-15, cuyo promedio es del 27%. En la partida de presupuesto público social por habitante, España junto con Grecia y Portugal se halla muy por debajo de la media de los socios de la UE que forman el grupo más desarrollado. En los servicios públicos del Estado del bienestar sólo trabaja el 9,5% de la población, mientras en la UE, trabaja el 15% y por tanto somos junto con Grecia y Portugal (“rescatados” y con graves recortes del sector público) los países con empleo público más bajo. De lo que puede deducirse que, España se gasta mucho menos en su Estado del bienestar de lo que le correspondería por desarrollo económico. Nos acercamos al PIB de los miembros del la UE mas avanzados (94%) pero nos hallamos lejos de la inversión social (74%), es decir faltarían 66.000 millones de Euros para alcanzar el Estado del bienestar parejo al desarrollo económico. No es, pues, que no haya recursos en el país como machaconamente insisten los sectores neoliberales, es que no se recogen ni a nivel Estatal, ni autonómico, ni local. Desde luego este retraso en la implantación del Estado del bienestar tiene que ver con la paulatina integración a todos los niveles en la UE. En el periodo 1978-1993 , la diferencia de presupuesto público social entre España y el promedio de la UE-15 se había reducido a la mitad. Ya en 1993 se empezaron a tomar medidas encaminadas a integrarnos en la eurozona con medidas muy restrictivas respecto a las partidas sociales. Una de las medidas estrella estribaba en la reducción del déficit público del Estado (por mandato de Maastricht) para alcanzar la cifra objetivo de 3% del PIB. Tal reducción si hizo a cargo de la inversión publica, especialmente la partida social pasando de 3.039 euros por habitante/año a 2.904 euros por habitante/año. Tales medidas de recortes siguieron en el periodo 1995-2004, la diferencia con UE-15 se disparó (de 1.812 euros estandarizados a 2.242 menos). España iba gastando mucho menos en su Estado del bienestar que el promedio de la UE-15, puesto que desde 1993 (el último gobierno del PSOE) se cargaba a costa de la partida social, cubrir el déficit del presupuesto del Estado. Cuando en 2003 el Gobierno de Aznar presentaba a España alcanzando el denominado equilibro de las cuentas del Estado, en realidad se había empobrecido el recortado y escasamente desarrollado Estado del bienestar español. En realidad, el euro se construyó a base de recortar a la España social, siendo las clases populares (usuaria mayoritaria el Estado del bienestar)las que pagaron el coste de que España se integrara en la eurozona. A partir de 2004, la diferencia del gasto público social por habitante respecto a la UE-15 vuelve a reducirse por mayor sensibilidad social del gobierno socialista presionado por partidos a su izquierda. En el 2007 se inicia un a una nueva brecha social (de 2.242 euros estandarizados a 1.938 según Eurostat). Los recortes sociales consagrados en el Pacto del Euro están aumentando ese déficit de inversión social y tendrán como consecuencia que España siga en los últimos puestos de la Europa Social. En mayor o menor medida la presión social y la resistencia organizada ante esta situación llevará a los gobiernos sucesivos a dar marcha atrás en el camino por tan nefasta senda.

Con unos gobiernos tomando medidas y ajustes de hierro a golpe de mercado se está produciendo un grave deterioro de la democracia. Sólo se está tomando en cuenta si sube o baja IBEX 35, no si sube o baja la exclusión social y salarial. Y el peligro de involución social y de pérdida de derechos adquiridos suele traer a reglón seguido el recorte de derechos políticos (prohibiciones, represiones y sanciones a las reuniones ciudadanas en asambleas son un ejemplo).

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