Un escaso sector público sujeto a recortes frente a la creciente privatización

Una de las frases entonadas con frecuencia por aquellos que buscan reducir el sector público a favor del privado es la que dice “hay que recortar el gasto público que supone la administración por que como Estado no nos lo podemos permitir”. Los números desmienten claramente la falacia de lo que se pretende generalizar, acerca de que la administración compuesta por el cuerpo de funcionarios es un cuerpo sobredimensionado y poco trabajador. España en personal al servicio de la administración, esta en la mitad de la tabla ocupando el puesto 16 de la UE, donde además el 40% del personal no tiene plaza en propiedad. Del total de funcionarios el 43% atienden servicios esenciales como son Sanidad y Educación.

España no es un país de funcionarios como se quiere difundir (1 funcionario por cada 17 habitantes), pues hay 2,5 millones de funcionarios en un país de 46 millones, lo que supone un 5,5% de la población y el 14% de la población activa de 19,5 millones (EPA julio 2011). Nos supera de largo Suecia con 12,3% de la población y 1 funcionario/a cada ocho habitantes, Finlandia, Letonia y Malta con un 9% de la población y 1 funcionario por cada 9 habitantes, Bélgica y Francia, ambos con 12 funcionarios por habitante; incluso nos supera Irlanda y Portugal con 13 habitantes por cada empleado público, al que se suma Países Bajos con 16 habitantes por cada empleado público. En el vagón de cola se sitúan países como son República Checa, con 1 funcionario por cada centenar de habitantes, Rumania, con 1 para cada 127, y Eslovaquia, con 135.

Por otra parte hay un ruido de fondo que confunde interesadamente el concepto de funcionarios con el de empleados públicos de modo que suma todos y los adscribe a un cuerpo para intentar demostrar falsamente un exceso de empleados al servicio de las tres administraciones (General, Autonómica y Local). Según el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, los empleados públicos pueden ser funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y personal eventual o de confianza. Los denominados funcionarios de carrera con plaza en propiedad suponen un total 1.596.916, como personal laboral trabajan 686.951 y como personal eventual o de confianza, así como funcionarios interinos (sin plaza) que son nombrados por necesidad de servicio, suman 375.143 personas. Es decir, estamos ante un 40% de servidores públicos sin plaza fija. Las brutales reducciones en las ofertas de empleo público solamente en la red estatal, sin tener en cuenta las CCAA han sido del 92%, pasando de 35.895 a 2.791 empleos ofertados. Esto tiene como consecuencia directa el aumento de la temporalidad hasta el 8% en el marco estatal, casi el 11% en el ámbito autonómico y del 20% en la administración local. Acerca del tópico del absentismo laboral, lo cierto es que a pesar de no haber estadística oficial, diferentes estudios puntuales apuntan hacia niveles similares a las grandes empresas. Contrariamente a la errónea idea extendida de impunidad, lo cierto es que hay un sistema disciplinario regulado que establece sanciones leves, graves y muy graves con consecuencias directas desde la suspensión de empleo y sueldo hasta el demérito y separación del cuerpo (despido de funcionarios de carrera). Acerca de las retribuciones, se puede decir que los empleados públicos no son precisamente los ricos de este país. Los sueldos, que son de conocimiento público y además están regulados oscilan entre los 1.000 y 3.000 euros (los más altos y en menor número). El salario se compone de unas retribuciones básicas (sueldo base, más trienios y pagas extra, mas una serie de complementos (destino, de productividad, formación, específico de puesto…). Respecto a la distribución de las/os empleados públicos, es claro que en un país donde el Estado ha transferido gran parte de la competencias a las Autonomías, el peso recae a favor de estas últimas.

El 50, 6 % trabajan en las CCAA, el 21,9 % en la administración Estatal, el 23, 6 % en la Administración Local y el 3,9% en las diferentes universidades públicas. Curiosamente en aquellas comunidades con mayor tejido productivo e industrial, es donde se baja más la inversión en la administración pública y donde se podría incrementar. Por el contrario se están aplicando todo un “indigesto menú de recortes”, como Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra o País Vasco. En Madrid donde trabajan gran parte de los empleados de la Administración central más los propios de la Comunidad Autónoma también se aplica idéntica receta. Salvo la excepción de Madrid, por la razón citada, la distribución de los funcionarios por Comunidades se corresponde con su peso demográfico.

Lo que en realidad esconde este argumento de falsa hipertrofia, es el deseo reducir aún más el sector público. Un sector al que se quiere etiquetar de “isostenible”, disminuyendo todavía más los escasos recursos que recoge el Estado con el fin de privatizar los servicios públicos del Estado del Bienestar. Servicios tales como las pensiones, la sanidad, la educación o los servicios domiciliarios. En la misma línea argumental esgrimida por los defensores de los recortes en inversiones públicas sociales, se sitúa el decir “que éstos son inevitables y necesarios” (“las denominadas reformas que hay que hacer o profundizar”). Dicen que como consecuencia de la presión de los mercados-siempre hay que calmarlos, nunca tienen suficiente y nada les preocupa el bienestar social-hay que equilibrar las cuentas del Estado y ello exige los recortes de la partida pública, incluyendo la parte pública social. Esto constituye un axioma y es sobre todo postura ideológica. Es un hecho que además, se ha ido reproduciendo en los medios de información y comunicación mayoritarios (evidentemente tienen accionistas como las agencias de calificación), de manera tal que se ha convertido en la receta convencional del país, garantizando de esa forma que haya una “única política económica posible”). Política que hace poco cuenta con una ayuda poderosa a través del aval Constitucional a los mercados, que ha supuesto la reforma del artículo 135.